11 de noviembre del 2008 . VANGUARDIA
Unos dicen: “La codicia de la derecha no nos deja progresar a los del centro”. Otros dicen: “La ineptitud y los prejuicios de la izquierda no dejan progresar al Ecuador”. Es evidente que hay empresarios que saben hacer dinero, pero no les gusta compartirlo con el fisco ni con sus trabajadores; y por otro lado, ahora sabemos que los señores del gobierno son incapaces de crear riqueza, pero sí de gastar a raudales. Por tanto, empresarios y gobernantes somos iguales: a casi todos los ecuatorianos nos gustan los subsidios.
El común denominador del círculo presidencial es que a ellos el mundo real de la producción privada les es extraño y ajeno. Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Fander Falconí, Javier Ponce, Fernando Bustamante, Gustavo Larrea, Pedro Páez, Ricardo Patiño, conocen de leyes, publicidad, estadísticas, poesía, academia, marxismo, finanzas virtuales y activismo, pero ninguno cree que la empresa privada puede hacer un aporte importante para que los ecuatorianos podamos llegar a lo que ellos llaman “el buen vivir”.
Todos estos funcionarios corean las mismas estrofas del presidente Correa respecto del perverso presidente Uribe, de la banca corrupta del 1999, del libertinaje liberal económico, del difunto Banco Central, del alcalde Nebot, etc. y etc.
El presidente Correa y su coro creen que hay que agradecerles por gastar el dinero fiscal en subsidios, armas, generosos anticipos para obras públicas, educación, salud y avión presidencial.
Todo esto, mientras ellos sueñan despiertos que el arco iris Manta-Manaos, el sospechoso proyecto Coca-Codo-Sinclair y la quimérica refinería en cualquier lugar de la costa manabita, nos convertirán en el eslabón con la Cuenca del Pacífico y, además, en grandes productores de energía y gasolina.
Mientras que el Ecuador cada día gasta más, los modestos ingresos futuros —públicos y privados— no podrán cubrir estos compromisos.
Paradójicamente, al mismo tiempo que los ecuatorianos comenzamos a vivir la época nacional e internacional de las vacas flacas, la vigente Constitución siglo XXI exige que en los próximos meses se implemente una gigantesca reforma legal y, al mismo tiempo, se atiendan los derechos económicos que, gracias a ella, ya son de todos.
Centenares y miles de millones serán exigidos por todos aquellos que se creen con derecho a recibir dinero del Estado. Habrá que pagar lo que cuestan las futuras elecciones, empadronar a todos los nuevos electores mayores de 16 años, subsidiar a la televisión estatal, fondear la publicidad del gobierno, ayudar a los exportadores de flores y camarones, financiar alcaldes y prefectos, pagar la deuda externa, solventar a todos los ministerios, tener contentos a civiles, militares y a los eclesiásticos que apoyaron la reciente y millonaria campaña presidencial por el vota Sí a la revolución ciudadana.
El todavía fuerte e imaginativo poder ejecutivo de Correa y el 'congresillo' gobiernista, son un adecuado muro de contención para las terribles presiones sociales en ciernes. La prensa sigue acosada por Carondelet, y los militares tienen un Ministro maternal que los comprende y un Presidente que los adula. El frente judicial con sus cabezas va en camino a ser consolidado.
La cabeza llamada Corte Nacional de Justicia en pocos días quedará agradecida, pues Alianza País terminará diseñando una simulación que permita a todos seguir en el poder judicial. La otra cabeza, aquella que se llamaba Tribunal Constitucional, y que luego de haber usurpado las funciones de la nueva Corte Constitucional, se encuentra inclinada en forma reverente ante el poder ejecutivo, será la encargada de declarar la inconstitucionalidad de todos los actos, demandas y sentencias judiciales que desagraden a su cómplice y gran hermana: Alianza País.
Poco a poco, por acciones y omisiones políticas, se arma el gran frente legislativo, judicial, militar, burócrata y empresarial, que defenderá al gobierno del tsunami social y económico que enfrentarán el doctor en economía Rafael Correa y el club de ex niños pobres que él preside.
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